La Audiencia Provincial de Cádiz confirma la sentencia dictada por el Juzgado de loPenal Nº 1 de Jerez de la Frontera por el que condena al responsable de una tienda por comercializar e instalar mecanismos para el uso de videojuegos piratas. El magistrado considera que aunque los medios para vulnerar las protecciones de las consolas incorporen otros usos residuales, el instalador no puede desconocer el carácter antijurídico de estos dispositivos. El nuevo Código Penal aclarará este delito para adaptarnos a la normativa europea y evitar confusiones en la interpretación por parte de los jueces.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha ratificado dicha sentencia dictada el 20 de octubre de 2011 por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Jerez de la Frontera, a instancias de una denuncia presentada por aDeSe a través de la FAP, por el que condena a al responsable de una tienda por la puesta en circulación de medios de sistemas para piratear videoconsolas. El magistrado considera que la instalación y la comercialización de estos chips, a pesar de que puedan tener otros usos legales como el incremento de las funciones de una videoconsola, provoca la desaparición del derecho de propiedad intelectual mediante la desprotección de programas. Esta finalidad y no otra, supone la razón de la adquisición del producto.
aDeSe recuerda que se han dictaminado anteriormente sentencias contradictorias a este respecto debido a la ambigüedad del actual Código Penal acerca del carácter delictivo de estos dispositivos. Ante esta dificultad de interpretación, aDeSe muestra su apoyo a la actual reforma que está impulsando el Ministerio de Justicia para clarificar los términos. De este modo, el nuevo Código Penal se adaptará a las directivas europeas sobre Propiedad Intelectual y se evitará que España sea el único país europeo donde se distribuyen estos dispositivos impunemente.
