Se trata de la postura de los editores de diarios respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en la tarde de este jueves. Los editores de prensa critican el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por limitar la libertad de información La enmienda transaccional de la ley que pretende poner fin a la conocida como “pena de telediario” atenta contra el derecho a la información.Los editores de prensa insisten en que ningún gobierno, institución, empresa o colectivo puede limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informados.
«Los medios deben seguir siendo responsables de elegir con su criterio profesional qué información comparten con los ciudadanos. Reclaman el derecho a difundir imágenes de los detenidos cuando obedezca al interés público», señalan en un comunicado de la Asociación. El Pleno del Congreso ha aprobado esta tarde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. AEDE ha criticado duramente la enmienda transaccional introducida por el Partido Popular la semana pasada, con el objetivo de limitar la difusión de imágenes de los detenidos y con ello evitar en palabras del Ministro de Justicia Rafael Catalá “que la justicia se haga desde las escalerillas de los tribunales”.
AEDE entiende que «el texto aprobado por el Congreso limita el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz sobre temas de actualidad y de interés público». Además recuerda a los poderes políticos que «el derecho a la libertad de información es un derecho protegido por el artículo 20 de la Constitución, y que constituye el pilar básico del estado de derecho. Sólo un ciudadano informado puede ser un ciudadano libre».
AEDE recuerda también que «en la necesaria ponderación entre los derechos de imagen y el derecho de información, son los jueces y no los poderes políticos quienes deben fijar los límites… y otras asociaciones de profesionales de periodistas han mostrado su frontal rechazo a esta polémica enmienda que hoy ha aprobado el Gobierno».
AEDE solicita al Senado , siguiente paso de tramitación de la ley, «que elimine los riesgos que para el derecho a la información introduce el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Debe seguir garantizándose el derecho constitucional a la libertad de información de los ciudadanos y de sus medios de comunicación».
