La OCU cree que el Parlamento Europeo reducirá los derechos del consumidor español y denuncia a supermercados cuyas promos no se reflejan en caja

El Parlamento Europeo votará este jueves el fin de cláusulas consideradas abusivas, en la legislación española, como la del “redondeo al alza”. La OCU quiere manifestar su malestar porque el pleno del Parlamento Europeo vota mañana una serie de enmiendas a la propuesta de Directiva sobre derechos de los consumidores que, de aprobarse, supondrán la eliminación de la legislación española de derechos adquiridos por los consumidores españoles. Uno de ellos es la prohibición del “redondeo al alza”, cláusula reconocida como abusiva en la legislación española. Por poner otros ejemplos, se perdería la prohibición de imponer una duración excesiva de los contratos de servicios u obstáculos a la finalización de dichos contratos o la no obligación al consumidor a subrogarse a la hipoteca del constructor o promotor de la vivienda. Las enmiendas a la propuesta de directiva establecen la armonización máxima en materia de cláusulas abusivas, lo que quiere decir que los Estados miembros ya no tendrán margen de maniobra para modificar las listas de cláusulas abusivas que se incluirán en la directiva. La OCU advierte que las enmiendas que se votan mañana dejan fuera de la directiva la adquisición de contenidos online, de manera que las normas en materia de garantías o de derecho de devolución no se aplicarían a descargas de música, juegos, películas, etc. A juicio de la OCU, esta directiva no va a cumplir uno de sus objetivos, que es animar las compras por internet en el mercado europeo, ya que deja fuera de su ámbito de aplicación una parte muy importante de las compras online. Por ello, la OCU, junto con la Organización Europea de Consumidores (BEUC) a la que pertenece, se ha dirigido a los miembros españoles del Parlamento Europeo para pedirles que voten en contra de dichas enmiendas y evitar así que los derechos que tanto han costado conseguir a los consumidores españoles se vean mermados.

Por otra parte la OCU ha denucniado a los supermercados que no indican bien sus precios, tras visitar 134 supermercados en Barcelona, La Coruña, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Valencia y Valladolid y tiendas on line de 23 cadenas. Se trataba de comprobar si los precios se indican de forma adecuada y si se cobra lo correcto cuando se trata de una oferta: no todas las cadenas tienen el mismo comportamiento, hay algunas en las que la ausencia de precios o que estos sean erróneos es la tónica habitual, según OCU-Compra Maestra del mes de abril. Para OCU la norma es clara: los precios no pueden mostrarse de cualquier forma. Los precios deben indicarse de forma que el consumidor pueda saber rápidamente si un producto es más o menos caro que el del resto de sus competidores. Todos los productos, en un supermercado, deben acompañarse del precio de venta al público, que debe incluir el IVA y demás impuestos y el precio equivalente o precio por unidad de medida, que debe incluir los impuestos y tomar como unidad de medida la que sea más lógica en función del tipo de producto (es decir, el precio por litro, por kilo, etc). Ambos precios deben aparecer. A pesar de que en todas las cadenas encontramos fallos, Hipercor, Gadis o, sobre todo, Mercadona, se esmeran en facilitar toda la información relativa a precios. Por el contrario, otras como Eroski, Froiz o Caprabo cometen muchos fallos como omitir el precio por unidad de medida o hacerlo erróneamente. También Eroski destaca negativamente por el tamaño minúsculo de la letra con el que mostraba el precio por unidad de medida. Además la oferta de un producto no se refleja al pasar por caja. En 1 de cada 5 supermercados, la OCU detectó cobros de más por este hecho. Hay cadenas en las que esta situación se repite en una misma compra: Carrefour, Dia, El Árbol, Hipercor, MaxiDia, Supercor y Supersol-Dinosol. Para la OCU, la indicación correcta de precios es una obligación de los supermercados para que los consumidores puedan comparar precios con facilidad y para que exista mayor transparencia en el mercado, por lo que exige a las Administraciones autonómicas que mejoren el cumplimiento de esta norma.

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