Para la OCU, la iniciativa llevada a cabo por Movistar supone, para la OCU, un paso adelante hacia la erradicación del fraude en los servicios de suscripción a través de los llamados SMS Premium. «Tal y como pone de manifiesto Movistar al justificar esta medida, un altísimo porcentaje de usuarios -señala la OCU- no es consciente de las características de estos servicios de alerta ni tan siquiera de estar suscritos a ellos. Debido a las prácticas publicitarias engañosas de los prestadores de estos servicios los usuarios daban su consentimiento de forma
involuntaria al descargarse un contenido en Internet, contestar un cuestionario o participar en una votación on line.
La exigencia de Movistar de contar con la firma y la fotocopia del DNI del usuario para tramitar el alta en este tipo de servicios es una medida que debería seguir el resto de operadores de telefonía móvil. Estas exigencias frenarán los abusos de un sector, como el de los prestadores de servicios de suscripción, que no ha dejado de provocar reclamaciones y cobros indebidos a cientos de miles de clientes. Sin embargo, a juicio de la OCU, la normativa tendría que contemplar la posibilidad de que este tipo de servicios viniera desconectado por defecto cuando un cliente contrata una línea de telefonía móvil. Solo mediante la petición expresa del cliente, se activaría la posibilidad de contratación. Por otra parte, la OCU pide a Movistar que sea coherente con las reclamaciones que actualmente tiene en tramitación por este tema y las resuelva favorablemente al consumidor, ya que como la propia compañía reconoce, la mayoría de usuarios afectados no es consciente de la contratación de estos servicios y que su consentimiento se obtuvo gracias a prácticas desleales y engañosas.
Mientras que la desactivación por defecto no sea obligatoria, la OCU pide al resto de operadoras que sigan los pasos de Movistar y que exijan un consentimiento por escrito del cliente antes de proceder a la contratación. Finalmente, la OCU critica la pasividad de la Administración, en concreto de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que no supo legislar debidamente la materia, no ha sido capaz de taponar la hemorragia de cientos de miles de reclamaciones en el sector de los SMS Premium y se ha inhibido por considerar el problema como exclusivamente de consumo y, por tanto, de competencia autonómica. Tampoco las administraciones de consumo, INC y Comunidades Autónomas han sido capaces de evitar el fraude a miles de consumidores.
