La CNMC, habría usado el documento emitido por la AM sobre la CORA, (Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y algunas salvedades y recursos de agencias del sector, para abrir esta investigación, según ha podido saber El Programa de la Publicidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia confirmó oficialmente este lunes los registros en varias agencias de medios por “posibles acuerdos o prácticas concertadas de fijación de precios”. Según la CNMC las inspecciones se realizaron «los días 24 y 25 de mayo de 2016 ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas, prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) en este sector, consistentes en posibles acuerdos o prácticas concertadas de fijación de precios u otras condiciones comerciales, un posible reparto de mercado, o intercambios de información comercial sensible, llevadas a cabo en el territorio nacional».
Sin embargo, la CNMC señala que se rata de «inspecciones que suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidades inspeccionadas». «En caso de que como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a la incoación formal de un expediente sancionador».
«Los acuerdos entre competidores restrictivos de la competencia se consideran una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa. La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados».
«Para ello se cuenta, entre otros, con el programa de clemencia que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección». Según ha podido saber El Programa de la Publicidad, nadie se habría adscrito al programa de clemencia, por el momento.
La inspección de competencia para información y comunicaciones telemáticas – señaló Vozpópuli- recayó en las agencias Media Sapiens Spain, Carat España, Persuade Comunicación y Optimedia, que habían optado a concursos de la administración dentro del acuerdo marco de racionalización de la Publicidad Institucional, para los que fueron elegidas a finales de 2014 para llevar la compra de medios publicitarios de la Administración. Carat, recurrió la primera adjudicación ante ofertas supuestamente insostenibles. Tras el recurso, Mec y Starcom salieron del concurso y dejaron su puesto a Carat y Persuade.
A continuación recogemos textualmente el texto dirigido por la AM a la Administración sobre cómo mejorar los procesos de concursos con la Administración en 2014:
CORA empeora la situación de los concursos públicos, según AM
Después de algunos meses de puesta en marcha del proceso del CORA (recursos e impugnación de por medio) la AM manifiesta su opinión a través de esta nota.
“A nuestro juicio ha sido francamente negativo para la industria publicitaria y seguimos opinando – ahora más que nunca – que la Administración, que debe dar ejemplo de transparencia, coherencia y promover la integridad, incentiva todo lo contrario.” manifiesta Leo Farache director de la AM
Quien reparte las cartas, quien pone las normas es la Administración y los jugadores que quieren y deben jugar la partida – las agencias – no les queda más remedio que poner en sus propuestas condiciones que no tienen ningún sentido (p.ej. costes GRP desde 51 hasta 12.000 €) o confundir GRPs por alguna otra unidad (puesto que la oferta es absolutamente imposible de cumplir) para poder ganar los concursos.
La Administración debe promover unas normas claras que sean justas y beneficiosas para los convocados y el convocante que, curiosamente, se ve perjudicado por unas reglas que carecen de cualquier lógica empresarial y de comunicación. Es también responsabilidad de la Administración por el correcto uso de los fondos públicos – propiedad de los contribuyentes – que no son utilizados de la forma que es deseable para su optimización.
La AM se reunió en varias ocasiones en la Secretaría de Estado de Comunicación aportando un documento creado por un comité de expertos, con una propuesta concreta sobre cómo realizar de forma eficiente, transparente los concursos públicos. “Nunca obtuvimos una respuesta a ese documento, salvo que “lo hemos estudiado”. Creemos que el empeño de la Administración en comunicar su voluntad de transparencia no tiene ningún valor mientras los hechos demuestren lo contrario”, concluye Farache.
La AM considera que todos los colectivos empresariales salen perjudicados con la aplicación del CORA. Ni los medios – planificados, a veces, de forma irregular, sin atender a los criterios de audiencia y eficacia -, ni las agencias – que tienen que hacer un trabajo de ingeniería concursal en vez de realizar eficazmente su trabajo – pueden considerar que la aplicación del CORA haya mejorado una situación mala».
