La Asociación Española de Radios Comerciales (AERC), que agrupa a más de dos mil emisoras, entre ellas la Cadena Cope, Cadena Ser, Onda Cero y Kiss FM, ha pedido que se escuche también a la radio en la tramitación final del Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual. Para AERC, «las radios no son sólo usuarios de los repertorios que administran los gestores de derechos, sino también un actor indispensable para la divulgación creativa y artística del patrimonio cultural. Asimismo, contribuyen al sostenimiento de la economía de la propiedad intelectual, destinada a la remuneración de los titulares de derechos y de las entidades de gestión, sean autorales, artísticas o discográficas, así como a su coste de administración».
Por todo ello, la AERC solicita al gobierno y a la oposición que tomen en consideración, durante la tramitación de la ley en el Senado, aspectos encaminados a facilitar el consenso y la solución de conflictos que son permanentes entre el sector de la radiodifusión y las entidades. Algunos de estos aspectos son:
• La fijación de los precios de los derechos debe regirse bajo los principios de buenas prácticas, trasparencia y equidad. Se debe exigir la acreditación de la titularidad de los derechos para cada explotación determinada, es decir, se debe remunerar al dueño real de la creación. Se deben tomar en cuenta, como referencia, los parámetros y la realidad económica de nuestro país y de las empresas de cada sector implicado.
• Es preciso que se establezcan medidas eficaces para el control real y efectivo de las entidades, que actúan en régimen de monopolio en el mercado.
Asimismo la AERC considera determinante una protección eficaz de sus derechos y una enérgica lucha contra la piratería y, en este sentido, aboga por el establecimiento de medidas eficaces y directas contra los enlaces, descargas, aplicaciones y webs ilegales, con especial alcance a las emisiones y retransmisiones de las entidades de radiodifusión. En definitiva, los organismos de radiodifusión de la AERC, con carácter prioritario, piden que:
1. Los organismos públicos competentes velen por que los precios de los derechos no puedan ser establecidos unilateralmente por las entidades de gestión o de manera no equitativa (en los últimos tiempos las entidades pretenden subidas de más del 100% sobre las existentes)
2. La Ley impida que los usuarios se vean obligados a pagar dos veces por un mismo derecho o acto de explotación.
3. No haya discriminación de la radio comercial frente a las radios públicas por parte de las citadas entidades y las tarifas de aplicación.
4. Las cantidades abonadas por las radios que no sean repartidas a sus titulares nacionales o internacionales, por problemas de identificación, o por inexistencia de derechos en terceros países sean devueltas a las radios una vez prescriba la acción para reclamarlas. Las entidades de gestión no deben quedarse estos ingresos percibidos de las radios u otros usuarios (cines, comercios, televisiones, webs, prensa, hoteles, etc.).
5. En este sentido, es indispensable que la Ley encare la situación de los derechos de los titulares que no son reconocidos como tales en países extracomunitarios, pero cuyo pago nos es exigido por las entidades de gestión.
En definitiva, las radios comerciales pretenden que la reforma esté armonizada y acorde con la legislación europea, así como con los Tratados y Convenios Internacionales de aplicación. Las radios solicitan que la actual reforma no sea, una vez más, una oportunidad desaprovechada. La reforma debe servir para dar solución a situaciones de urgente necesidad, que no pueden ni deben esperar a la siempre anunciada y prometida nueva ley, que nunca acaba de llegar.
Asociación Española de Radiodifusión Comercial-AERC
