Los grupos parlamentarios estudian este martes en el Congreso las 90 enmiendas parciales a la reforma de Ley General de Comunicación Audiovisual para la privatización de las televisiones públicas autonómicas, tras el rechazo del Pleno del Congreso a las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y el BNG. Son un total de 90 enmiendas parciales a la reforma, en la Mesa del Congreso de los Diputados: 11 enmiendas de ERC, 46 de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), dos de UpYD, cinco de PNV, cinco de BNG, tres del PP, 16 del PSOE y dos de CiU.
Las del PP son enmiendas destinada a permitir que televisiones y radios públicas puedan alcanzar acuerdos entre sí como con RTVE «con el objetivo de mejorar la eficiencia de su actividad», ampliando el proyecto de ley del Gobierno para las televisiones, que no incluía a las radios. las otras dos enmiendas son para asegurar el control parental de las cadenas de televisión, sea en abierto o de pago, para contenidos perjudiciales para menores. La Ley Audiovisual ya incluía esta protección por lo que se trata de una protección reforzada del PP a esa protección.
La enmienda del PSOE exige que al menos un canal de las comunidades autónomas sea de titularidad pública, para que «en ningún caso» todos los canales puedan ser explotados por gestores privados, en régimen de licencia, sobre duración, renovación y extinción de las licencias, «para no impedir una futura decisión sobre una televisión pública autonómica». Otra enmienda ofrece la posibilidad de que las cadenas puedan presentar al órgano competente de la comunidad autónoma solicitud de aportación extraordinario para cubrir el déficit o un incremento de ingresos para los dos ejercicios siguientes «como máximo igual a la pérdida o el déficit generado».
El Grupo Mixto, a instancia de ERC, propone dar más presencia a las obras de lenguas oficiales distintas al castellano en las cadenas de televisión e incluir una obligación para que los canales privados o públicos que emitan en comunidades autónomas con lengua o lenguas oficiales propias distintas del castellano garanticen que, «al menos el 50% del tiempo de emisión anual de cada canal o conjunto de canales distribuido en dichas comunidades se emita en la lengua, o lenguas, respectivas». El PNV propone que el Estado garantice la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en aquellas comunidades autónomas que decidan prescindir de gestionar sus propios canales, especialmente cuando éstas no cuenten con un servicio público de comunicación audiovisual propio». El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril el proyecto de Ley que permite decidir a los gobiernos autonómicos qué hacer con sus servicios de tv autonómicas: mantenerlo, prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada, como ocurrió este lunes a un Consorcio de Vértice 360 y TSA para Aragón tv, por 37,5 millones de euros.
