Además de cobrar por servicios que no dan y multar si las empresas no pagan, algunas administraciones tienen otra función: cerrar empresas con su morosidad e incumplir todos los plazos de esta Ley,aprobada en el Congreso en junio, que obliga al pago antes de los 60 días a proveedores. Así queda de manifiesto en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El INE afirma que ha aumentado un 19,7% el número de empresas que suspenden pagos en el último trimestre. Estas cifras no ayudan a las empresas a ser optimistas; así, según datos publicados en el Índice de Riesgo 2011 que elabora anualmente Intrum Justitia el 40% de las empresas españolas ve amenazada la supervivencia por los retrasos en los pagos. Laas empresas del Reino Unido son las que sienten más amenazada su continuidad, concretamente el 55%, seguidas de Chipre y Grecia con un 53%; en el lado contrario se sitúan las belgas o suizas con un 11%, siendo la media europea del 28%. Además, las empresas europeas que prevén que aumentará el riesgo por los impagos los próximos 12 meses duplican las que piensan que se reducirán (32% vs 14%). En España, esta cifra aumenta hasta el 40% vs 13%. Respecto a los problemas de liquidez como consecuencia de la morosidad y los impagos, Portugal es quien señala este aspecto como principal impacto, concretamente un 78% de las empresas frente al 31% de Suecia. En el caso de España, el 77% de las empresas teme un impacto negativo en su liquidez, motor de su actividad, especialmente para las pymes.