Se trata de conclusiones del Desayuno: «Ley de la cadena Alimentaria», sobre los códigos voluntarios de conducta, que carecen de influencia. La nueva Ley para mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria está próxima a entrar en vigor, tras superar una fase de debate público que ha contado con una favorable disposición por parte de la industria y del sector productor. Esta ha sido una de las principales conclusiones del desayuno de trabajo que ha organizado BDO ―quinta firma de auditoría y servicios profesionales del mundo― que ha contado con la participación de Fernando Burgaz, Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La nueva normativa ha recogido algunas observaciones realizadas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a través de su informe y modificado puntos que, en algunos casos, estaban previstos modificar desde la redacción del anteproyecto. “Difícilmente podría la CNC decir que sí a una Ley que discute las fallas del sistema de control de la competencia, que pone en claro que el marco establecido desde 1981 no funciona en el sector agroalimentación. Algo reconocido por la propia CNC en 2011”, ha precisado Burgaz. Burgaz ha argumentado que “de lo que se trata es de definir un marco lo más transparente posible sin afectar ni a la libertad de contratación, ni a los precios finales del producto”. Sin embargo, “la parte más complicada viene ahora: ponerlo en práctica, aprender a competir con un marco más transparente y resolver los conflictos de manera amigable”, ha aclarado. La implementación del la Ley está sujeta al volumen de enmiendas, pero desde el Ministerio consideran que lo idóneo sería que en dos o tres meses la Ley estuviese vigente. El deseo de su pronta aprobación está relacionado con una necesidad tangible de transparencia dentro del sector.
En este sentido, Horacio González Alemán, secretario general de Fiab, creyó que “la regulación de los contratos aporta transparencia a la relación comercial”. Sin embargo, Burgaz es consciente de que no será un trabajo sencillo. “Con la nueva Ley todos los operadores tendrán que someterse a un proceso de aprendizaje: ganaderos, agricultores, industria y distribución”, ha puntualizado. En este proceso de aprendizaje, y con el apoyo legal de la nueva normativa, se hará frente a las Marcas de Distribución (MDD), a las que se acusa de crear una situación de desamparo para la industria, según José Antonio Moreno, director general de Andema. “El problema no es que la MDD produzca marca en sí, sino que copie los elementos distintivos: los colores, el diseño, las formas, los envases”, explica Moreno.
Hay quienes, sin embargo, no están preocupados por las Marcas de Distribución. “A nosotros las MDD no nos afecta ni de lejos. Hemos recibido muchas propuestas para hacer MDD, sobre todo en relación con ‘Eminasin’, pero nosotros estamos en calidad de hacer marca”, ha indicado Carlos Moro, presidente del Grupo Matarromera. Quien, además, ha afirmado que “la MDD aprovecha la investigación y el desarrollo de mercado de las marcas, aunque no tienen ni punto de comparación con el entorno de calidad de las marcas fabricantes”. La idea ha sido compartida por Sandra López, directora de calidad y seguridad alimentaria de Supersol, pero ha asegurado que este concepto está cambiando y que, inicialmente, las MDD buscaban la homogenización entre retailers, mientras que en la actualidad se apuesta por la diferenciación. “Queremos elevar el nivel de calidad de las MDD. En Supersol buscamos productos con margen, que aumenten la competitividad y controlando su aceptación a corto y medio plazo”, ha sentenciado.
El debate ha permitido conocer que existen otras preocupaciones en el sector más allá de las MDD. En este sentido, se ha denunciado que no existe un correcto funcionamiento de los códigos voluntarios de conducta, porque el desequilibrio entre las partes es demasiado grande. Para solucionarlo, Sandra Anguiano, responsable del Departamento de Competitividad de Fiab, considera que “es necesario trabajar en común sobre cuáles son los principios leales en buenas prácticas que sean positivos, pero también es necesario que alguien sancione cuando haya incumplimientos. Y entendemos que las sanciones deben ser más elevadas, tienen que impedir que salga a cuenta incumplir y pagar”. Los representantes del sector consideran que, en la nueva normativa, no existe una modificación del régimen sancionador, por lo que seguiría utilizando el modelo de multa y del impacto sobre la reputación de la empresa sancionada. Un castigo que Moreno pone en duda ya que “no sé si el reproche social va a funcionar con Mercadona o Carrefour”. Por este motivo, se está solicitando un modelo mixto en el que se tomen medidas legislativas frente a
las prácticas abusivas y que sea complementado por un código de buenas conductas, como ha expuesto David López, director jurídico y fiscal de Grupo Lactalis.
