Mientras el Gobierno esta retrasando la aprobación del plan técnico sobre el dividendo digital, para la utilización de más espectro en telefonía móvil de cuarta generación (4G), y lo ha trasladado al Consejo de Ministros en septiembre, los operadores de telecomunicaciones piden al Ministerio de Industria que lo acorte. Los operadores piden este acorte al máximo de los plazos para la liberación del dividendo digital para poder disponer cuanto antes o en el plazo máximo previsto, de las frecuencias de 800 MHz para servicios de cuarta generación móvil. Telefónica, Vodafone y Orange, que han desplegado en España el 4G en las bandas 1.800 Mhz y 2.600 Mhz, ya desembolsaron 1.300 millones de euros en 2011 para poder disponer de la citada banda de 800 Mhz.
Tras la presentación de las alegaciones al informe «La Sociedad en Red», presentado por el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo el 24 de julio, éste confirmó que «la aprobación formal se producirá en Consejo de Ministro en septiembre», justo tras la presentación de las alegaciones y el informe del Consejo de Estado al RD con el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre . El RD regula el tránsito para la liberación del dividendo digital.
De hecho para para asegurar que las frecuencias de 800 MHz queden libres para el despliegue de redes LTE se debe producir el cese de las emisiones de televisión que emplean la banda. Es decir que desde la publicación del Real Decreto en el BOE los titulares de licencias de comunicación audiovisual de TV tendrán quince dias para usar los nuevos múltiples asignados. En el peor de los casos si no se acepta la reducción del plazo, se ha propuesto el 31 de diciembre de 2014 para el cierre de emisiones de televisión en la citada banda de 800 MHz.
Además, los operadores han indicado, según Europa Press, que les hubiera gustado que el plan técnico incluyera alguna referencia al segundo dividendo digital al fin de atender a la futura liberación de la banda 700 MHz, también para comunicaciones móviles, de forma que se minore los costes y perjuicios para los ciudadanos
