No a la propuesta de subir el IVA de los refrescos, por la Unión de Contribuyentes

Juan Pina, Presidente de la Unión de Consumidores (UC): señala que «el IVA debe tender a la reducción del tipo general, no a subir aún más productos al 21%”. La Unión de Contribuyentes ha expresado este lunes su malestar por la propuesta formulada por Ciudadanos en relación con las bebidas azucaradas carbonatadas. El portavoz parlamentario de esa formación política en materia de Fiscalidad, Francisco de la Torre, ha solicitado al gobierno que, en lugar de establecer el nuevo impuesto a estos productos anunciado en diciembre por el ministro Montoro, los excluya del IVA reducido y pasen a tributar conforme al tipo general de ese impuesto. Esto aumentaría de golpe en once puntos el impuesto indirecto que pagamos por un refresco en la Península y Baleares. El propio De la Torre reconoce que el objetivo de su propuesta es recaudar aún más por estos productos, concretamente quinientos millones adicionales en vez de los doscientos que prevé obtener el nuevo impuesto.

La Unión de Contribuyentes, que rechaza de plano el nuevo tributo, se opone también a la propuesta de Ciudadanos, ya que implicaría dejar de considerar a los refrescos como parte de la cesta de productos alimentarios que consume habitualmente la población, lo cual es completamente irreal. Para la Unión de Contribuyentes, el tipo de IVA que llamamos “reducido” es en realidad el objetivo al que debería tender este impuesto, ya que un tipo general de más del veinte por ciento es abusivo y fuertemente pernicioso para el consumo. Al contrario que el portavoz de Ciudadanos, la Unión de Contribuyentes no cree justificado cambiar arbitrariamente la consideración fiscal de los productos de consumo, simplemente para satisfacer la voracidad fiscal del Estado.

La Unión de Contribuyentes lamenta que tanto el gobierno como su socio de investidura discutan sobre cambios en el trato impositivo de un producto para generar mayor recaudación con excusas extrafiscales como la salud pública. Para la organización de contribuyentes, los impuestos no deben responder a criterios de ingeniería social sino estrictamente al de cubrir las necesidades financieras de un Estado austero y limitado a las funciones que le son propias.

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