La organización señala un estudio realizado por el Consejo de Consumidores Noruego (Forbrukerradet), sobre dos juguetes conectados a internet. Se trata de la muñeca “Cayla” y el robot “i-Que” presentan preocupantes fallos en torno a la seguridad y la privacidad de los menores a los que están dirigidos.
En este estudio se ha podido comprobar como con pasos simples, cualquiera puede tomar el control de los juguetes, que pueden hablar y grabar conversaciones, a través de un teléfono móvil. Esto hace posible hablar y escuchar a través del juguete sin tener acceso físico al mismo, según el video que incluye OCU en su advertencia.
Por otro lado, desde Forbrukerradet se ha podido comprobar que cualquier cosa que el niño le diga a la muñeca se transfiere a la compañía estadounidense Nuance Communications, especializada en tecnologías de reconocimiento de voz, reservándose esta empresa el derecho de utilizar esta información con otros terceros y para una amplia variedad de propósitos.
También se ha podido constatar que estos juguetes vienen con determinadas frases preprogramadas en las que se publicitan diferentes productos comerciales. Por ejemplo, la muñeca Cayla comenta lo mucho que le gustan las películas de determinados estudios norteamericanos de producción de dibujos animados con los que el proveedor de la aplicación tiene una relación comercial.
Además de ello, en el análisis de los términos y condiciones que debe aceptar el usuario se han encontrado clausulas ilegales como la obligación de aceptar que los términos se cambien sin previo aviso, que los datos personales puedan utilizarse para publicidad específica y que dicha información pueda ser compartida con terceros no identificados.
Este y otros descubrimientos constituyen, en opinión de OCU y el resto de organizaciones de consumidores que forman parte de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), una violación de la normativa europea en materia de protección de datos y de protección de los consumidores y plantea serias dudas en torno a la seguridad de estos juguetes. Por todo ello desde OCU se pide a las autoridades españoles que investiguen los hechos denunciados y tomen todas aquellas medidas que sean necesarias para la salvaguarda de la seguridad y privacidad de los menores.
