OCU denuncia que el Gobierno quiere privar a los consumidores del acceso a información veraz sobre las diferentes opciones que tienen en el mercado. Según OCU el Ejecutivo planea aprobar de forma inminente un Real Decreto por el que se regula la realización de estudios y análisis comparativos en productos alimenticios. Esto significará, en la práctica, dificultar al máximo la realización de test comparativos independientes sobre la calidad de los alimentos en España.
Finalmente parece que el Gobierno ha cedido a las presiones de la poderosa industria alimentaria, verdadera impulsora de esta iniciativa que, molesta con los escándalos alimentarios destapados por OCU (leche, aceite de oliva, carne de caballo), ha presionado hasta conseguir un decreto que busca
limitar la realización de estudios independientes y objetivos sobre la calidad de los alimentos en España. Y ello, a pesar de la reiterada oposición, tanto de OCU como del Consejo de Consumidores y Usuarios que se han manifestado en repetidas ocasiones en contra de una norma que perjudica a los
consumidores.
La norma que el Gobierno pretende aprobar, vulnera, a juicio de OCU, el derecho a comunicar o recibir información veraz. Es una norma que establece un claro desequilibrio entre las obligaciones de la industria y las de las asociaciones de consumidores que quieren informar sobre productos alimenticios, pues obliga a estas últimas a cumplir una serie de requisitos sobre los laboratorios usados y la verificación de sus resultados que no se exigen a la industria para poner un producto en el mercado. OCU cree que para el Gobierno tiene más importancia, la supuesta defensa de la reputación de las empresas, que la información a los consumidores sobre la calidad y seguridad de los productos alimenticios.
Entre los aspectos más críticos de esta norma OCU señala que pone en peligro la confidencialidad de los laboratorios que realizan los análisis, lo que deja a estos indefensos frente a las presiones del lobby de la industria alimentaria. Otro punto clave es el plazo mínimo de 20 días para publicar una
información veraz sustentada por un análisis de laboratorio.
