El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha emitido este martes un dictamen contrario al proyecto de real decreto que regula la realización de estudios, informes y análisis comparativos en productos alimenticios porque la normativa limita la realización de estudios y afecta al derecho a la información de los consumidores. Según OCU «la propuesta de regulación de los estudios comparativos responde a las fuertes presiones de la industria alimentaria, que siempre se ha mostrado incomoda con los estudios y análisis comparativos realizados por OCU. Estos estudios, independientes, objetivos y veraces, son el único contrapunto que tienen los consumidores a la publicidad que realiza la industria».
Entre otras imposiciones, el Gobierno pretende obligar a quien hace estudios y análisis comparativos a romper la confidencialidad con los laboratorios con los que trabaja, aun teniendo todos ellos la misma acreditación que la exigida para los controles oficiales. Preservar la identidad del laboratorio es la única manera de evitar las fuertes presiones que la industria alimentaria puede realizar sobre los mismos, y es fundamental para garantizar que los consumidores reciben una información independiente, objetiva y veraz.
A juicio de OCU, «con esta normativa se pretende dificultar y limitar el trabajo de las asociaciones de consumidores o de cualquier entidad que quiera hacer un estudio comparativo independiente. El Gobierno pretende que los test comparativos sigan los mismos requisitos que el control oficial de los alimentos, estableciendo unas obligaciones adicionales y excesivas que dificultaran, y en muchos casos impedirán hacer estos análisis, privando a los consumidores de su derecho a una información veraz sobre los productos».
Para OCU la normativa supone una clara discriminación frente a la industria ya que es mucho más exigente con quien hace estudios comparativos de productos alimenticios que con quien los pone en el mercado o hace publicidad de los mismos.
OCU recuerda que toda la información que se publica está sometida a las obligaciones que establece la Constitución Española. En este sentido quiere manifestar que hasta ahora todos los intentos por parte de la industria alimentaria de desacreditar su tarea en defensa de los consumidores han sido en vano y que los Tribunales de Justicia han refrendado en repetidas ocasiones el trabajo de OCU.
OCU junto con el resto de asociaciones que forman parte del CCU ha pedido al Gobierno la modificación de esta normativa para que no se obstaculice ni se impida en la práctica la realización de análisis comparativos que garanticen el derecho a la información de los consumidores. Por último, OCU anuncia que si estas modificaciones no son admitidas y la norma se aprueba en sus términos actuales, llevara a cabo todas las acciones de movilización social, legales y judiciales, a nivel nacional, comunitario e internacional necesarias para que el derecho a comunicar y recibir información veraz quede garantizado y no se vea obstaculizado por esta norma sin precedentes.
