OCU espera de la futura entidad que defienda al consumidor poderes de investigación y sanción.

Según informaciones publicadas en los medios en los últimos días el Gobierno y Ciudadanos están finalizando los detalles de un acuerdo que transformaría completamente la actual CNMC. Concretamente sugieren la división de la misma en dos entidades independientes, una con tareas de supervisión y regulación y la otra vigilaría las reglas de competencia del mercado y velaría por los intereses de los consumidores. Este modelo es además una petición de Bruselas desde años y además en España OCU lleva reclamando al Gobierno la creación de una agencia estatal independiente que tenga como foco la defensa de los consumidores desde hace algunas legislaturas.

OCU solicita al gobierno que tenga en cuenta las demandas de los consumidores en la creación de este organismo independiente. Hasta la fecha los consumidores españoles no disponen de las herramientas eficaces, ni de la protección de un organismo que vele por el respeto a sus derechos ni que sancione en caso de incumplimientos Para OCU es fundamental que:

1) El ámbito de competencias de esta nueva entidad debe ser Estatal y centralizado en aquellos casos donde se altere o determinadas actuaciones puedan alterar la libre competencia del mercado, bien sea a nivel de mercado nacional o en un ámbito supraautonómico. Aun cuando las competencias de defensa de la competencia se deban realizar en el territorio de cualquiera de las Comunidades Autónomas.

2) Cuente con poderes de investigación y sanción.

3) Defina la compensación de los daños sufridos por los consumidores, puesto que de nada sirve imponer multas a los infractores si no se compensa a los consumidores convenientemente del daño. Al mismo tiempo, en infracciones en materia de competencia, debido a la gran cantidad de consumidores perjudicados, y en ocasiones también por la propia cuantía del daño, parece adecuado que se establezcan mecanismos de compensación colectivos.

4) Régimen sancionador efectivo, OCU entiende que es el momento por fin para recuperar el régimen sancionador en materia de consumo, adecuándolo al principio de legalidad sancionadora tal y como reclama el Tribunal Constitucional, y lo que es igual de importante, graduándolo correctamente, estableciendo como criterio de graduación el perjuicio económico causado, así como el propio volumen de facturación de las empresas, de forma que las sanciones tengan un efecto realmente disuasorio.