El pasado lunes Greenpeace publicó una serie de documentos sobre las negociaciones entre los equipos negociadores del Acuerdo de Libre Comercio: la Unión Europea y EE.UU. El contenido de los documentos ahora conocidos no deja de ser preocupante al constatarse el empeño de los negociadores estadounidenses a la hora de mantener dentro del acuerdo cuestiones claramente contrarias a la seguridad de los consumidores y a la protección del medioambiente. Sin ir más lejos, desde el lado norteamericano se insiste en rebajar los estándares europeos en materia de cosméticos, cuestiona el principio de precaución vigente en la UE y pretende que ésta abra sus puertas a los Organismos Genéticamente Modificados.
La Organización de Consumidores y Usuarios ya había denunciado anteriormente junto a la falta de transparencia en las negociaciones, el riesgo evidente de que los estándares de protección de los consumidores se viesen rebajados para lograr un acuerdo entre los bloques. OCU se declara preocupada por los riesgos que implicarían la eliminación de las actuales normas de seguridad europeas para adherirse a dicho tratado y por la laxitud con la que se abordan ciertos temas críticos como: la escasa protección medioambiental, el uso sustancias químicas prohibidas actualmente en la Unión Europea, el polémico sistema de arbitraje entre empresas y estados o la presencia de las empresas en el proceso regulatorio a través de la llamada Cooperación Regulatoria.
Tanto OCU, como sus socios europeos del BEUC, entienden que tanto el gobierno de España como las instituciones europeas se deben a sus ciudadanos antes que a los inversores internacionales, sobre todo cuando este tipo de acuerdos tiene una incidencia directa sobre los derechos de los consumidores. No cabe duda de que aunque un tratado de libre comercio con Estados Unidos podría ser beneficioso para los países europeos, éste no puede firmarse a cualquier precio. Por ello exige a las autoridades españolas y comunitarias que se mantengan firmes en la defensa de los derecho de los consumidores y rechacen cualquier intento de rebajar los estándares de protección actualmente existentes en la Unión Europea
