Tan solo unas semanas más tarde de que el Tribunal Supremo declarase inaplicable el Real Decreto 1657/2012 por el que se regulaba el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada. Una compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio de Educación y Cultura y las entidades de gestión de derechos de autor parecen haber alcanzado un acuerdo en el que se establecen las líneas básicas del nuevo modelo.
Este nuevo modelo, aun en negociación, supondría una vuelta al antiguo sistema consistente en un gravamen por copia privada sobre los soportes o aparatos de grabación de contenidos sujetos a propiedad intelectual, incluidos los móviles y memorias USB, quedando exonerados de su pago empresas y administraciones públicas y estableciendo la posibilidad de reclamar su reembolso a aquellos usuarios que puedan demostrar que han hecho un uso profesional de los dispositivos.
Para OCU, lo que se conoce por el momento del texto del borrador del nuevo real decreto revela la escasa disposición del gobierno para establecer un sistema capaz de reflejar la realidad de los consumidores. En primer lugar porque a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, el gobierno no ha invitado a las organizaciones de consumidores a participar en las negociaciones para la elaboración de este texto, como tampoco lo hace de cara a las negociaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea de cara al establecimiento de la nueva directiva sobre copyright.
Además de ello, de ser aprobado el real decreto con las disposiciones recientemente conocidas, se trataría de nuevo de un instrumento para subsidiar a las entidades de gestión de derechos de autor, culpabilizando ex ante a los consumidores, sin dejar que estos puedan siquiera probar que los dispositivos que adquieren no van a almacenar copias de contenidos sujetos a derechos de autor no son para hacer copias privadas y por tanto obtener un reembolso por un canon que se les cobra injustamente.
En opinión de OCU es fundamental repensar el sistema de remuneración por copia privada, pues los hábitos de consumidores están cambiando de manera acelerada al extenderse el uso de soluciones en streaming frente a la copia de contenidos sujetos a derechos de autor. De igual manera es necesario contar con un sistema armonizado a nivel europeo que tenga en cuenta esta realidad, que no penalice a la generalidad de los consumidores, que dé transparencia a la gestión que se hace de los derechos de autor y que impida la posibilidad de doble imposición a la que están sometidos en ocasiones los consumidores.
Por último, surgen dudas en cuanto a la repercusión que este nuevo canon tendrá sobre los precios, pues si la desaparición del sistema de 2011 no supuso una reducción de los precios por parte de los fabricantes de los dispositivos antes gravados, son muy altas las posibilidades de que ahora los fabricantes repercutan el nuevo canon sobre los consumidores.
