OCU lanza campaña para que los consumidores reclamen las comisiones por retirada de efectivo

OCU ha puesto en marcha una campaña para agrupar a los usuarios afectados por los nuevos abusos derivados de la “guerra de los cajeros”. Según OCU los usuarios pueden reclamar las comisiones que se les han cobrado de forma indebida por no haber sido comunicada el nuevo importe de la comisión por retirada de efectivo en los cajeros. La nueva normativa que regula estas comisiones adolece de un fallo fundamental al no fijar una limitación clara de la cuantía de la comisión. Esta debería de haberse fijado en línea con lo que venía costando este servicio hasta ahora.

Esta situación ha sido aprovechada por las principales entidades del país, para pasar a cobrar comisiones desproporcionadas por la retirada de efectivo a usuarios no clientes. OCU denuncia que para los consumidores las repercusiones de esta modificación son muy negativas: los dos euros o cantidad similar que han fijado algunas entidades para la retirada de efectivo a usuarios no clientes superan ampliamente lo esperado por la prestación de este servicio. OCU considera que esta cifra es desorbitada y recuerda que desde el propio Ministerio de Economía se afirmó que no había justificación para cobrar dos euros por un servicio que antes costaba 0,75.

La implantación de esta comisión va a reducir las opciones de los consumidores a la hora de poder sacar dinero sin pagar comisiones Ahora los consumidores tienen un panorama mucho más complicado para saber de antemano qué va a costarle la retirada de efectivo en cada cajero automático. A esta situación se añade un incumplimiento claro: las entidades no han llevado a cabo la obligación legal de comunicar por escrito con una antelación de dos meses la aplicación de estas nuevas y abusivas condiciones. OCU recuerda a los usuarios que, en el contrato que firman al recibir una tarjeta, figuran las comisiones por sacar dinero en cajeros. Si esa comisión cambia, el banco está obligado a informar con una antelación mínima de 2 meses. Por tanto, las entidades no pueden subir las comisiones hasta que no informen debidamente de ello.

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