La CNMC ha impuesto la segunda sanción más elevada de su historia reciente, 128,8 millones de euros de multa a siete fabricantes y distribuidores de pañales para adultos. Se trata de sanciones a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria FENIN y por primera vez también a cuatro directivos de las empresas fabricantes y de la asociación sectorial. La sanción se impone por la creación de un cártel formado por fabricantes, distribuidores y la asociación sectorial que pactó precios para estos productos durante dieciocho años desde 1996 a 2014, incrementándolos hasta un 40%.
Para OCU, «el daño ocasionado por estas prácticas ilegales es especialmente grave si se tiene en cuenta que estos pañales para adultos son financiados por la Seguridad Social y afectan a un colectivo de 2,5 millones de personas con problemas de salud importantes, normalmente ancianos y personas con discapacidad. Para OCU es importante señalar que con este acuerdo de precios no sólo se ha engañado, haciéndoles pagar un precio excesivo, a los consumidores que de forma directa han adquirido este producto en los últimos dieciocho años por necesidad sino también a todos los ciudadanos ya es que es la Seguridad Social que financia este tipo de productos».
En opinión de OCU «aunque la multa es elevada, su importe es muy es inferior a los ingresos ilícitos que han obtenido fabricantes y distribuidores durante los últimos dieciocho años. Para que la sanción sea ejemplar y desanime en el futuro este tipo de conductas ilegales en este o en otros sectores la multa debería acercarse al beneficio obtenido. La misma conclusión puede establecerse sobre la novedosas sanciones a los directivos de las empresas implicadas en el cartel. OCU considera positivo que en aplicación de la normativa de competencia se extienda la responsabilidad a los directivos de la empresas infractoras, pero considera exiguas las cuantías de las multas de 4.000 a 15.000 euros».
Por último desde OCU se valora positivamente la actuación de la CNMC persiguiendo estas prácticas ilícitas pero al mismo tiempo considera que los plazos son demasiados extensos hasta que se hace efectiva la sanción y esto afecta de forma negativa a los consumidores españoles que quedan claramente desprotegidos.
