Las discrepancias entre sindicatos y el consejero delegado, Joan Casaponsa, hacen casi imposible el acuerdo. La Generalitat intenta acercar posturas en un último intento de mediación. El cierre de la factoría de Panrico de Santa Perpètua de Mogoda está más cerca. Este lunes por la tarde el comité de empresa de la factoría catalana, controlado por CCOO, se ha reunido en la Generalitat para intentar acercar posturas con la dirección, encabezada por Joan Casaponsa, en un último intento de mediación, según Economía Digital. Ahora la última oportunidad tendrá lugar este miércoles, cuando los representantes del comité intercentros, controlados por UGT, se sienten con los responsables del Departament de Treball. Pero fuentes sindicales explican que casi han tirado la toalla. También chocan con las duras condiciones que Casaponsa exige para mantener la fabrica abierta.
Acusan al nuevo consejero delegado de desvirtuar cualquier intento de diálogo que ha surgido a lo largo de todo el proceso. “Se ha limitado a amenazar con el cierre si no aceptábamos sus condiciones, esto no es negociar”, afirman fuentes sindicales. La dirección de Panrico no ha hecho públicas las exigencias requeridas a la plantilla de Santa Perpètua, donde trabajan 464 personas. Se ha limitado a destacar que los costes productivos son el 40% superiores al resto de factorías del Estado y que con el estado actual de caja, son inasumibles. Desde ambos comités de empresa detallan que incrementan el 20% la jornada laboral, incluye una cláusula para reducir el absentismo laboral y desaparecen los siete complementos salariales que aparecen en su convenio laboral, que para algunos trabajadores significa más del doble del salario. Pero lo que más ha encallado el diálogo es que el tijeretazo modifica la base de cotización de los asalariados en una factoría donde la mayoría de los trabajadores están en la fase final de la vida laboral.
Si antes del viernes no se ha conseguido acercar posturas, la dirección de Panrico presentará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Madrid. La Generalitat perderá cualquier margen de maniobra en el proceso, ya que será el Ministerio de Trabajo quién se pronuncie sobre el cierre de Santa Perpètua. La empresa justifica unas pérdidas anuales de 380 millones de euros tras la refinanciación de la deuda que firmó el fondo Oaktree cuando se quedó la empresa de alimentación. La situación financiera les ha llevado a dejar de pagar la contribución a la Seguridad Social desde hace cuatro meses y la paga extraordinaria de Navidad a los trabajadores del Vallès Occidental.
