Para Carlos Romero Duplá, Consejero Industrial de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisualen la Representación Permanente ante la Unión Europea, «la Jornada de «Presente y Futuro de la Autorregulación de la publicidad audiovisual», en la CNMC, «Ha sido una jornada donde se ha podido conocer más a fondo esta directiva cuya reforma la propia Comisión (Europea) ha considerado de transición,… y en la que España cree prioritario tres cosas fundamentalmente: Alcanzar un equilibrio regulatorio con las nuevas formas de tv que están en las plataformas de compartición de video de las que la Comisión se ha hecho eco de alguna manera; responder -ya más específicamente en publicidad- a los nuevos fenómenos de convergencia y acometer una razonable flexibilización de la regulación publicitaria, sin dejar nunca de lado, la protección de la infancia, sobre todo, es decir, las restricciones cualitativas antes que las cuantitativas, y, finalmente, tener un esquema institucional, suficiente, en el que los estados miembros se sientan suficientemente representados. En cuanto al tema de la publicidad, la Comisión de Cultura, que es la Comisión Líder, ha elaborado ya un dictamen en el que se alinea bastante con las propuestas de la Comisión, y creemos que las propuestas finales del parlamento vana a ir por esa dirección».
«Es cierta que otras Comisiones que no son Comisión Lider, no se han alineado, como la Comisión INCO. Nosotros pensamos que hay que llegar a un equilibrio y que una cierta flexibilización es necesaria y que en el ámbito publicitario ese equilibrio regulatorio al que me refería antes, y su extensión cualitativa se produzca sobre las plataformas de compartición de video»
«A nosotros nos gustaría que la parte de publicidad pura que estas plataformas tienen -que no se diferencian nada de la publicidad tradicional- quedara sujeta a los esquemas de corregulación y autorregulación a la que están sujetas los operadores televisivos tradiconales, aunque vengan de fuera de UE, porque hay mecanismos más que suficientes en el ámbito comunitario para resolver los conflictos de jurisdicción.
