Telemadrid es una de las primeras víctimas de la Huelga del 14N. Pese a que las cadenas públicas y privadas emiten con servicios restringidos, Telemadrid, como en anteriores ocasiones, emite solo una imagen fija sobre la Huelga. «Nuestra programación se está viendo alterada a causa de la huelga general convocada por los sindicatos UGT, CCOO y CGT. La programación volverá a la normalidad a las 24 horas de hoy», señala Telemadrid en su pantalla fija. Por su parte TVE anuncia que están emitiendo con los servicios mínimos aprobados para esta huelga general, una programación distinta a la habitual y que RTVE prevé emitir con normalidad el Panamá-España, mientras que en informativos habrá un 15 % de servicios mínimos. Antena 3 y Telecinco emiten hoy programas grabados de ‘El Hormiguero’ y ‘La voz’.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no ha fijado en esta ocasión servicios mínimos para las televisiones privadas de cara a la huelga general convocada para este miércoles, según fuentes del ministerio, pese a que hasta la Ley Audiovisual de 2010, el ministerio fijaba esos servicios mínimos como un «servicio público». Tras la huelga general del 29 de septiembre de 2010, Industria impuso a las cadenas unos servicios mínimos «estrictamente necesarios para garantizar la prestación del servicio esencial» de información con emisión de «programas informativos en sus horarios habituales, aunque reduciendo en un 20 % su duración habitual».
Sin embargo, la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a resultas de un recurso interpuesto por la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT), estableció que, a partir de la entrada en vigor de la Ley General Audiovisual, la actividad desarrollada por estas empresas no podía ser calificada como de «servicio publico» y por tanto, no se les puede imponer servicios mínimos, al derogar la Ley General Audiovisua, LGA, el Estatuto de la Radio y la Televisión que daba a la radiodifusión y televisión el caracter de «servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado». La Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional argumentó que la Ley General Audiovisual abandonó el «esquema típico de intervención de servicio público, vigente hasta entonces, por una regulación económica de «servicios de interés general».
