Se trata de la sentencia que todo el sector audiovisual lleva un año esperando tras la anulación del reparto de canales de la TDT en época del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por el Tribunal Supremo y que afectaría a 9 o 17 canales, vitales, especialmente, para Vocento, Unidad Editorial e Intereconomía Ahora, la sentencia «inminente» del catedrático de Derecho Constitucional y magistrado del TS, Eduardo Espín, podría acelerar este cierre de canales al que se compromometió el Gobierno el pasado mes de marzo. Así, en declaraciones a Europa Press, Ignacio Sánchez, portavoz de Infraestructuras y Gestión, la compañía que logró que el Supremo anulara el reparto de cadenas de TDT realizado por el anterior Ejecutivo, confirma un fallo «inminente» del Alto Tribunal a una petición posterior para que el Gobierno no demore más su decisión. El magistrado no confirma ni desmiente esa inmimencia, según ha podido saber El Programa de la Publicidad de fuentes próximas al magistrado, pese a la trascendencia y nerviosismo de todos los grupos audiovisuales. de hecho era uno de los temas más comentados en las cenas de Navidad de Mediaset y Atresmedia de estos días, no ha habido respuesta. Los Grupos creen que el retraso en el fallo puede ser debido a que se enmarque en la negociación que llevan con el Gobierno, que en la pasada Jornada Anual de Uteca, volvió a tranquilizar los ánimos de los Grandes Grupos, con una reunión en estas fechas en Moncloa. Un proceso calificado de «fuerte inseguridad jurídica» por la cúpula de las televisiones a El Programa de la Publicidad.
En diciembre del año pasado, el Supremo estimó parcialmente un recurso presentado por Infraestructuras y Gestión 2002 declarando nulo el acuerdo del anterior Gobierno de 2010 que entregaba entregó un múltiples completo –con capacidad para emitir cuatro canales convencionales– a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta por no ser conforme a derecho, al no haber realizado concursos públicos. Los citados seis operadores –Mediaset, Antena 3, Vocento con NET TV, Unidad Editorial con Veo TV, Cuatro (Prisa) y laSexta- obtuvieron en su día un múltiplex, que alberga cuatro canales de definición estándar. En total, 24 frecuencias. A los cuatro meses de la sentencia, en marzo de este año, el Consejo de Ministros se comprometió a la ejecución de la sentencia, aunque ligó su cumplimiento al proceso abierto del ‘dividendo digital’, por el que se mudarán algunos canales de televisión de frecuencia para dejar espacio libre a la llegada de la telefonía 4G de última generación. La decisión del Gobierno de unir por un lado la sentencia del Supremo, que se refería a una decisión del anterior Gobierno respecto a la TDT, con la liberalización del ‘dividendo digital’, que llevaba tiempo negociando con las cadenas privadas, hizo despertar las suspicacias de que el Ejecutivo pretendiera reducir el coste que iba a suponer el ‘dividendo digital’ quitando canales a la TDT.
Se trata del fallo ante la solicitud de la demandante Infraestructuras y Gestión 2002, al Alto Tribunal para la ejecución inmediata del fallo, para cuya aplicación el Gobierno se había dado un año de margen al vincularla al plan para el desarrollo del dividendo digital. Es más, el incidente de ejecución estima que sólo siete canales se ajustan a derecho y que deben irse a negro 17. Un cálculo que contrasta con el de las cadenas, preparadas para ceder apenas nueve. El Supremo hacía pública en noviembre del 2012 la inesperada sentencia en la que se declaraba nula la resolución del gobierno socialista del 16 de julio de 2010 en que asignaba los canales. Una tragedia para las televisiones comerciales (UTECA), que estimaban una pérdida de entre dos y tres frecuencias. Sin embargo, los contactos se rompían mientras arreciaban las críticas al Gabinete Rajoy por el caso Bárcenas, por el que el gobierno se siente maltratado, por lo que en el mes de marzo el Ejecutivo comunicó su intención de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo. Pero se concedía un año transitorio para hacer coincidir el apagado de esas frecuencias con el plan del dividendo digital, para mudar canales y dejar espacio a las telecos, hasta el 1 de enero de 2014. Un apagón en paralelo a ese traslado que las cadenas creen un plan para atarles en corto y buscar un arreglo de última hora.
La clarificación sobre el número de canales afectados podría llegar ahora del mismo Supremo, ya que según ha explicado el portavoz de Infraestructuras y Gestión se prevé que antes de fin de año el tribunal se pronuncie sobre un incidente de ejecución planteado por la compañía para que el Supremo se pronuncie sobre el «número de canales concretos» que se ven afectados por su sentencia. La compañía ha pedido que el Supremo obligue al Gobierno a ejecutar ya la sentencia, anulando la «autorización transitoria» que dio en marzo a las cadenas para seguir emitiendo donde actualmente lo hacen mientras se libera el ‘dividendo digital’, lo que podría adelantar la solución del Ejecutivo.
Uteca, patronal de las cadenas privadas, también es parte en este procedimiento, tras interponer en abril un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno de ejecutar la sentencia, al considerar que la acción del Ejecutivo colocaba al sector audiovisual en una «situación de inseguridad jurídica sin precedentes». La intención inicial del Ejecutivo -señaló en noviembre el Ministro Soria- es que las cadenas dejen libre la banda de frecuencias de 800 MHz para las compañías de telecomunicaciones antes de enero de 2014. Un objetivo «completamente irreal», para la Federación de Instaladores de Telecomunicaciones (Fenitel). Fenitel y cadenas privadas esperan que la decisión que adopte el Gobierno respete el acuerdo alcanzado con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) de hace más de un año, corroborado por un Consejo de Ministros posterior, que permitía facilitar la liberalización del ‘dividendo digital’ conservando los actuales canales mediante la compresión de la señal.
Las últimas declaraciones públicas sobre el tema han venido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que en noviembre durante la jornada anual de Uteca ha apostado por el «diálogo» para encontrar una «solución definitiva» que pase por la conciliación entre las «exigencias legales» y de los tribunales con las «necesidades y requerimientos técnicos» de las cadenas de televisión. Desde la patronal de las cadenas privadas, el presidente de la asociación, José Manuel Lara, indicó que en definitiva se trata de «cómo volver a distribuir el espacio radioeléctrico para que quede espacio para otras cosas» y ha apuntado que la distribución de las cadenas «nunca ha estado totalmente definido». Por lo que ha esperado que el Gobierno dé una solución «definitiva».Ocurra lo que ocurra, el tema todavía tiene recorrido, ya que Infraestructuras y Gestión 2002 ha presentado otro recurso contencioso-administrativo ante el Supremo para pedir que los canales de la TDT que se vean afectados por la sentencia sean 17 y no nueve, como parecen indicar las últimas declaraciones de miembros del Gobierno.
