La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Medios (iCmedia) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) han pedido la inclusión de Consejos Consultivos en la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se trata de garantizar la participación ciudadana -señalan- en la defensa básica de sus intereses, tal y como ocurre en otros países europeos y como prevé la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual en relación a la actividad radiofónica y televisiva.
«En estos momentos, el proyecto de ley de la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) espera su aprobación definitiva en el Senado y ambas organizaciones confían en que se incorporen las propuestas que ya obtuvieron el respaldo de la mayoría de los grupos en la fase parlamentaria», indican en una nota. El Proyecto de Ley prevé un área específica para las telecomunicaciones, el audiovisual e internet, y es en ese ámbito en el que se concreta la propuesta de AUC e iCmedia de contar con un órgano que deba ser consultado de modo preceptivo en las decisiones que se adopten. El Consejo Consultivo serviría también de cauce para las quejas y reclamaciones de los ciudadanos, especialmente en aspectos como la protección de los menores en la red y en relación a los contenidos televisivos.
Ambas organizaciones de usuarios, ya hicieron llegar en su momento a los grupos parlamentarios del Congreso sus propuestas de enmienda al Proyecto de Ley y obtuvieron el respaldo de casi todos ellos, sin que el Popular aceptara considerarlas, por lo que no fueron incorporadas al texto aprobado por la Cámara Baja. Ahora iCmedia y AUC insisten con idénticas propuestas a los Grupos del Senado. Esperan que por la vía transaccional puedan salir adelante. Para articular la primera de estas propuestas de enmienda, se sugiere incluir una Disposición Adicional en la que se emplaza a la CNMC a aprobar, en el plazo de tres meses desde su constitución, un reglamento del citado Consejo Consultivo Audiovisual y de las Comunicación Electrónicas, que debería quedar constituido en el plazo máximo de un año, desde la entrada en vigor de la Ley.
Y para la segunda, se plantea añadir al artículo 9 un apartado 5, en el que se garantice expresamente el derecho de los ciudadanos a participar en la regulación en materia de contenidos y, en particular, el derecho de cualquier persona física o jurídica a dirigirse a la autoridad audiovisual competente para solicitar de ésta el control de la adecuación de los contenidos audiovisuales al ordenamiento vigente y a los códigos de autorregulación. Con ello se pretende que las competencias de la CNMC en el ámbito audiovisual abarquen todas las disposiciones de la Ley en materia de derechos y obligaciones de los prestadores de los servicios audiovisuales y de la sociedad de la información hacia los ciudadanos; muy especialmente en materia de protección de los menores frente a contenidos de riesgo, inadecuados o ilícitos.