Para estas asociaciones no es concebible que en España las tarifas de las entidades de gestión sean más caras en el mundo digital que en el analógico. Así lo manifiestan en un comunicado la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) y la Asociación de Revistas de Información (ARI), consideran insuficiente el borrador de Real Decreto por el que se desarrolla la Comisión de Propiedad Intelectual, actualmente en trámite. Las cuatro asociaciones entienden que la Sección 2ª de la Comisión supone un gran paso porque acelerará los procesos judiciales contra quienes piratean contenidos. Sin embargo y a su juicio, los cometidos de la Sección 1ª no suponen nada nuevo que no estuviera ya previsto en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), por lo que seguirán concurriendo en ella las mismas razones que han provocado que la actual Comisión no haya intervenido ni una sola vez en los conflictos entre entidades de gestión y entidades de radiodifusión. Los firmantes somos defensores de los derechos de autor, además de titulares y creadores de parte de los mismos, e impulsores y firmes defensores de no confundir los derechos de propiedad intelectual con la plena propiedad de los mismos que ejercen las actuales entidades de gestión. Como titulares, creemos urgente y necesaria una reforma de la LPI, en consonancia con el desarrollo tecnológico y el entorno digital, e instaurando el principio de libre contratación de derechos en el ámbito y territorio europeo, así como la implantación de los principios de libre competencia, libre mercado y licencias para más de un territorio.
Las elevadas tarifas de las entidades de gestión, sus anunciadas subidas unilaterales, su implantación en régimen de monopolio –como ha certificado la Comisión Nacional de Competencia (CNC)-, sus tarifas abusivas, muchas veces destinadas a gastos de gestión, representación y actividades no relacionadas con la retribución a los creadores, artistas y productores, hace inviable el sostenimiento presente y desarrollo futuro de la divulgación, entre otras, de obras musicales, audiovisuales, digitales y nuevos talentos. Para la solución de conflictos es necesario que la nueva Comisión de Propiedad Intelectual, en su función arbitral sea un órgano plural, independiente, con control sobre la actividad de las entidades de gestión; que entienda de los conflictos entre titulares de derechos y agregadores; entre titulares de derechos y entidades de gestión; entre usuarios y entidades, y con funciones tales como la mediación obligatoria, la función decisora y actuaciones arbitrales para solucionar conflictos y dictar tarifas sustitutorias en el entorno analógico y digital. Igualmente se requiere remunerar por las acreditaciones y tenencias (repertorio) reales que posean las entidades de gestión, tanto en el entorno digital como en el analógico y abonar por el uso real y sobre precios justos, equitativos, negociados y proporcionales. De esta manera -señala el comunicado- se podrá evitar una deslocalización de las tarifas. Para las asociaciones se ha de superar el actual sistema de las entidades de gestión de derechos de autor, que está provocando, por ejemplo, que las divulgaciones y usos de obras y prestaciones digitales no puedan desarrollarse, dadas las elevadas tarifas que imponen las entidades, en algunos casos quintuplicando el precio de la tarifa digital sobre la existente analógica. Las asociaciones firmantes son usuarios de repertorios de las entidades de gestión, titulares de derechos y agentes necesarios e impulsores de la industria cultural, creativa y digital. Pretendemos alcanzar una posición consensuada con todos los sectores, por lo que solicitamos que la actual reforma no sea otra oportunidad perdida y que la anunciada reforma amplia o nueva LPI se haga cuanto antes y sin más demoras.
