Para UTECA, el concurso para la adjudicación de canales anunciado tras el Consejo de Ministros obvia el principal riesgo para telespectadores e industria audiovisual: el posible cierre de otros ocho canales de la TDT. Para la patronal de las televisiones privadas, el Gobierno sigue «ajeno a la realidad y necesidades del sector» y «no enmienda sus propios errores en la atribución de canales producida tras el apagón analógico.
«Con esta actuación, -denuncia la asociaición- el Gobierno aprovecha el pretexto del Tribunal Supremo para abundar en su hostigamiento a la televisión en abierto en un manifiesto impulso a la opción de la televisión de pago. En apenas un año, los telespectadores podrían perder nada menos que 17 canales gratuitos». Todo ello después de haber afrontado diez años de creación y sostenimiento, con inversiones de cientos de millones de euros, de canales que podrían desaparecer. Y apenas unas semanas después del final de una adaptación en la que se han invertido, de nuevo, cuantiosos recursos, que ahora resultan despilfarrados».
«Conviene recordar que el espectro radioeléctrico es un bien público de alto valor para la vertebración y cohesión social, y que la gestión del mismo que el Gobierno está ejecutando supone un serio revés a la libertad informativa, pero también inflige un grave daño a una industria que genera un volumen de negocio cercano a las 10.300 millones de euros y empleo directo e indirecto para más de 77.000 profesionales».
El Gobierno, tras el Consejo de Ministros, ha anunciado la convocatoria de un concurso para la adjudicación de nuevos canales de TDT en abierto. Dicho concurso obvia por completo el principal problema que se cierne hoy sobre el sector audiovisual nacional, y especialmente sobre la televisión en abierto: la posibilidad de cierre de otros ocho canales de la TDT como consecuencia de una nueva sentencia del Tribunal Supremo.
«Esta decisión -señala UTECA- elude la reparación de una serie de errores de la Administración que ya tuvo una dramática consecuencia el año pasado con al cierre de nueve canales en abierto, en una decisión que no sólo recortó drásticamente la libertad de los telespectadores, sino que puso a toda la industria audiovisual española en una delicada situación económica y jurídica».
Con el anuncio hecho hoy, «el Gobierno no solo pone de manifiesto su completo desconocimiento de las necesidades del sector, sino que además persiste en el incumplimiento de los compromisos adquiridos con las televisiones en el proceso de transición a la TDT. En dicho tránsito, la Administración del Estado asignó estos ocho canales para incentivar la migración. Ésta se llevó a cabo de manera modélica gracias a la importante contribución económica y técnica de los radiodifusores privados, que cumplieron en tiempo y forma todos los exigentes compromisos esperando las contraprestaciones estipuladas».
«Lamentables errores en la tramitación legal -explican en un comunicado- han hecho posible que el cumplimiento de aquellos acuerdos esté en entredicho, pero nada, salvo la ausencia de voluntad para hacerlo, impide que el Ejecutivo acuerde una solución viable y satisfactoria. El Gobierno dispone de la legitimación y los medios necesarios para eliminar de forma inmediata y definitiva la inseguridad jurídica que condiciona a todo el sector audiovisual. Sin embargo, ha optado, hasta la fecha, por hacer recaer las consecuencias de su obstinada inacción sobre los operadores, condenando de paso a todos los españoles a una preocupante reducción de la pluralidad informativa y de ocio».
