Vodafone, empresa más denunciada por los usuarios en FACUA, seguida de Movistar y France Telecom.

Los abusos y fraudes en telecomunicaciones acaparan una de cada tres reclamaciones, que en 2010 alcanzaron su máximo histórico ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas. Vodafone ha sido la empresa más denunciada por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante el último año. Las denuncias a operadoras alcanzaron su máximo histórico en 2010, el 32%, cinco puntos más que el año anterior, ante la habitual pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas. Destacaron las reclamaciones por errores e irregularidades de las administraciones públicas, con el 7,1%, las compañías de seguros, 7,0%, y la banca, 6,8%. En quinto lugar, el sector del transporte, fundamentalmente las compañías aéreas, con el 6,5%. A continuación, las compañías eléctricas, con el 6,0% de las quejas, las relacionadas con la compra de viviendas, 4,9%, y la compra y reparacion de electrodomésticos y equipos electrónicos, 4,0%.El 37% de los afectados por abusos o fraudes en telecomunicaciones que se dirigieron a FACUA para solicitar asesoramiento o tramitar una reclamación tenían problemas con la multinacional británica Vodafone. En segundo lugar, la española Movistar, con el 32% de las consultas y reclamaciones sobre telecomunicaciones. Tras ella, la teleco francesa France Telecom, cuyas marcas Orange y Yacom provocaron el 21%. La cuarta empresa de telecomunicaciones del balance de FACUA es Ono, con el 6%. Y en quinto lugar, Jazztel, con el 4%. Entre las principales motivos de las denuncias a las telecos están los incumplimientos de ofertas comerciales, altas en servicios no solicitados, envíos de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja o amenazas con penalizaciones abusivas por anular contratos antes de finalizar los compromisos de permanencia, junto al cobro de llamadas no realizadas. FACUA critica la pasividad de los ministerios competentes en materia de protección al consumidor y telecomunicaciones -Sanidad e Industria- y las autoridades autonómicas ante las graves irregularidades que sufren los usuarios de telecomunicaciones. No hay controles suficientes ni sanciones contundentes contra los fraudes de las compañías.